La nueva moratoria que el Gobierno nacional enviará al Congreso debe contemplar las deudas de las empresas que se generen durante toda la cuarentena, reclamaron especialistas en temas tributarios al advertir que el tope del mes de mayo resulta insuficiente porque la actividad aún está deprimida.
En ese sentido, alertaron que un corte al 31 de mayo, como se evalúa en el proyecto que se ajusta en la AFIP, dejaría afuera los incumplimientos que se generarán por la parálisis y la caída de la actividad producto de la cuarentena obligada por la pandemia del coronavirus.
Según el borrador que redactó la agencia de recaudación, la moratoria 2020 incluirá a individuos y grandes empresas como forma de saldar el conflicto que generaron dos cautelares judiciales que obligaron a la AFIP a abrir la facilidad de pagos que en el inicio de la gestión había impulsado para pymes para evitar una catarata de reclamos judiciales.
El contador público y tributarista Ricardo Chicolino, del Estudio Chicolino, De Luca y Asociados, señaló que el nuevo proyecto que ya circula en el ámbito tributario «solo incluye las obligaciones tributarias vencidas al 31 de mayo de 2020», y sostuvo «se debería apelar a la razonabilidad de los funcionarios que decidirán sobre el alcance de la misma, para que contemplen la posibilidad de extender el plazo referido a las deudas que resulten incluidas en la misma».
«En dicho proyecto solo incluyen las declaraciones juradas de IVA de abril que vencieron en mayo del 2020 y las del Impuesto a las ganancias cuyos cierres operaron en el mes de diciembre de 2019, dejando fuera de la misma las obligaciones vencidas en los meses mayo, junio, julio, agosto y/o setiembre, períodos en los cuales seguramente las empresas seguirán sintiendo el efecto económico de esta pandemia«, alertó el especialista.
Por su parte, Daniel Domínguez -abogado tributarista de la consultora Tiem Argentina- afirmó que «una moratoria que se constituya en una herramienta que posibilite la supervivencia de las empresas debería contemplar todos los impuestos y pagos a cuentas», entre los que indicó a los anticipos, retenciones, percepciones, entre otros, «cuyos vencimientos operen durante la vigencia de la pandemia, para de esta manera poder paliar los efectos económicos de la misma».
La aceleración para presentar el proyecto de moratoria 2020 se disparó por la caída de la recaudación ante la falta de liquidez de las empresas para afrontar sus obligaciones fiscales ante la crisis de la cuarentena, pero también por dos fallos judiciales que beneficiaron a Marítima Maruba SA y Electroingeniería SA, y que abrieron la posibilidad de éxito de otras empresas ante la desigualdad que genera la norma hoy vigente.
Ante este escenario, ambos tributaristas coincidieron en que existió vulneración del principio de igualdad y que «acertadamente en ambos fallos frente a esta situación de urgencia, se obligó a la AFIP a ampliar el espectro y de esa manera contemplar también la situación de estas grandes empresas que, frente al actuar del fisco, solo les resta iniciar demanda ante la justicia para poder hacer valer un principio constitucional como lo es el de la igualdad».
Fuente: Bae Negocios
