La ley Micaela, sancionada el 19 de diciembre del 2018, propone la capacitación obligatoria en perspectiva de género a todas las personas que pertenezcan a los tres poderes del Estado, cualquiera sea su nivel o jerarquía, con el fin de dar cumplimiento a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La capacitación, según establece la ordenanza, será llevada a cabo por el Área de las Mujeres y Políticas de Género, quienes deberán, entre otras cosas, elaborar un informe anual que refleje el grado de cumplimiento y contendrá indicadores de evaluación cualitativa sobre el impacto de las capacitaciones realizadas.
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