La planta de cannabis podría abandonar su estatus de “sustancia prohibida” en Argentina este 2020. Después de casi 90 años de persecución a los usuarios y cultivadores y de ininterrumpidas campañas globales de demonización de su flor, conocida popularmente como marihuana, y a más de 30 años de sancionada la actual ley de drogas, el Gobierno nacional activó los primeros mecanismos para cambiar la legislación y dar un paso paradigmático: el de la regulación y el fin de la criminalización.
Los cambios legislativos que son trascendentes y modifican realidades de muchos y muchas requieren presupuestos mínimos, y sin dudas la generación de una conciencia social sobre la necesidad de producir esos cambios es crucial. Muchas veces es esa conciencia social la que “apura” los tiempos políticos y se consagran derechos que se ganaron en la calle mucho antes de que se voten en el Congreso.
La regulación por parte del Estado del uso del cannabis es un buen ejemplo de lo dicho. Hace décadas que organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando, y mucho, sobre la necesidad de cambiar la ley de drogas, reclamando lo básico: Respetar los derechos de los y las usuarios/as.
“La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”, remarcó Alberto Fernández en junio del año pasado, cuando aún como candidato le preguntaron por la cuestión del cannabis en un programa de radio. Aquella vez, el ahora Presidente, aseguró que daba por comprobado que “persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”.
El año pasado casi treinta organizaciones dieron un paso más y firmaron el acuerdo por la regulación legal del cannabis donde establecen su postura en cinco puntos .
Este acuerdo se firmó en el año en que se cumplieron 30 años de la ley de drogas que estigmatiza, persigue y penaliza. Una ley que solo sirvió para hacer estadísticas (Según el informe presentado por el fiscal federal Federico Delgado, casi el 65% de los expedientes abiertos durante un turno con las fuerzas de seguridad son por «consumo personal» de drogas). Una ley que enarboló la guerra a las drogas como estandarte y que después de 30 años no logró ninguno de los objetivos planteados, más bien todo lo contrario.
Ante esto las organizaciones cannábicas y de DDHH dieron todos los debates posibles y acercaron evidencias sobre la necesidad de construir otro paradigma. Un paradigma que respete a los y las usuarios/as. En definitiva, la sociedad civil ha cumplido su rol de denunciar, reclamar y exigir ante los poderes del Estado.
En este año que ha comenzando la novedad es la importante postura que ha adoptado el nuevo gobierno nacional. «Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate», dijo la ministra de Seguridad de la Nación, y anunció que a partir de enero quiere«juntar a los actores que tienen experiencia en el tema y pensar un modelo argentino», en relación al consumo de marihuana.
Celebramos estas definiciones de la ministra. Creemos que con el presupuesto del trabajo hecho por la sociedad civil y las definiciones dadas por el Poder Ejecutivo están dadas las condiciones para poder llevar adelante el postergado debate en el Congreso Nacional (en 2012 se estuvo muy cerca de modificar la Ley N° 23.737 para dejar de penalizar la tenencia para el consumo personal y nos faltó coraje político), y la posterior sanción de una nueva ley de drogas.
Esperamos que todas las representaciones parlamentarias estén a la altura de los acontecimientos y podamos entre todos desarrollar un debate serio y fundado. Escuchando a todos y todas los y las que están relacionados con la temática, mirando los muchos modelos que existen en el mundo, atendiendo el aporte que puede y debe hacerse desde las universidades públicas. Un debate abierto que nos deje la mejor ley.
