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La ley de alquileres en la recta final

La actualización de los precios pasará a ser anual en base a un índice que combine inflación y salarios. Las renovaciones serán cada tres años.

El Congreso se encuentra a un paso de sancionar una nueva ley de alquileres. Este jueves el proyecto será tratado en la Cámara de Senadores, donde cuenta con amplio consenso del oficialismo y la oposición. De aprobarlo, se convertirá en ley dado que el año pasado fue aprobado en Diputados. Estas reformas al Código Civil y Comercial cuentan con el respaldo de las asociaciones de inquilinos, sobre todo en los puntos referidos a la extensión de los contratos y a la nueva forma de calcular los aumentos. Por otro lado, inmobiliarias y propietarios rechazan las modificaciones. Consideran que traerán incertidumbre, retracción de la oferta y aumentos de precios.

El proyecto plantea que los aumentos dejarán de ser semestrales y pasarán a ser anuales. Actualmente, ese porcentaje de actualización se establece en forma arbitraria, según las expectativas de inflación del mercado. Con los cambios pasaría a basarse en un indicador objetivo que publicará el Banco Central. Ese indicador estará conformado en partes iguales por el índice de precios al consumidor (IPC), que releva el Indec, y la variación salarial (Ripte), que elabora Anses. “El contrato ya no va a decir cuánto vas a pagar cada semestre, porque eso se va a ir calculando a medida que pasan 12 meses”, explicó Fernando Muñoz, titular de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires, donde existen más de 400 mil contratos de alquiler.

Los inquilinos respaldan este punto. “Con esto terminamos con la arbitrariedad en la fijación de los precios”, indicaron desde Inquilinos Agrupados. Además, más allá de que pudiera haber una alta suba en los precios, como en los últimos años que hubo inflación récord, los aumentos también van a depender de lo que pase con los salarios. Sin embargo, el economista Federico Rouco consideró que si esto se hubiera realizado así en los últimos 15 años, el valor de los alquileres sería 80 por ciento mayor. “¿Para qué regular un mercado con precios cayendo? La mejor manera de aliviar el peso de los alquileres es impulsando la construcción de viviendas y aumentando la oferta de viviendas usadas”, aseguró.

Por este motivo es que las opiniones entre el sector inmobiliario están divididas. Algunos respaldan el nuevo indicador. En los últimos dos años, las actualizaciones fueron en promedio del 15 por ciento semestral, contra una inflación que superó al 50 por ciento. La rentabilidad de alquilar está en su nivel histórico más bajo, según Reporte Inmobiliario. En tanto, Alejandro Braña, dueño de la inmobiliaria homónima, aseguró que el hecho de que todavía no exista el índice trae incertidumbre. “Ya me pararon tres renovaciones de contrato por este punto. El propietario no sabe a qué valores va a tener que alquilar, y algunos como los jubilados, necesitan del ingreso para vivir”, afirmó.

Otro de los puntos respaldado por los inquilinos es el que extiende el mínimo de los contratos de dos a tres años. Esto brinda mayor estabilidad y reduce los gastos. Una actualización del contrato puede superar el 50 por ciento, y una mudanza conlleva nuevos gastos en comisiones, reservas y depósitos, según Inquilinos Agrupados. Para una parte de los propietarios es una buena noticia no tener que aplicar reformas edilicias cada 2 años, o tener la propiedad vacante. Para otros, 36 meses es mucho tiempo si surge algún inconveniente, como dejar impago el alquiler. “Como no existen penalidades para los inquilinos, el fin del contrato cada dos años funciona como una instancia de negociación”, opinó Rouco.

En tanto, Muñoz de la Defensoría del Inquilino, consideró: “El artículo que más le molesta al sector inmobiliario es que tiene que ver con registrar los contratos en AFIP. Hoy no hay ningún organismo público para blanquear y va a servir para que haya un registro de inquilinos”. Además, opinó que el rechazo también se da por el decreto 320 que publicó el Gobierno, que congela alquileres y suspende desalojos. “Se cerraron los caminos para las ilegalidades que venían haciendo”, afirmó Muñoz, como por ejemplo el cobro de alquileres en efectivo y de manera informal.

Los inquilinos respaldan la mayoría de los artículos: de aprobarse el proyecto, el depósito será de un mes, las expensas estarán correctamente discriminadas y los avisos de mudanzas deberán anunciarse con mayor antelación. Sin embargo, cuestionan el artículo 11 por considerar que promueve “desalojos express”. Con la notificación de desalojo, comenzarán los plazos judiciales, por lo que serán más cortos que en los procedimientos actuales. “Esto facilita los desalojos en un momento grave que estamos viviendo”, aseguró Inquilinos Agrupados.

 

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